La Corporación Cívica de Caldas (CCC) le recuerda a la opinión pública que la «Lupa A La Contratación» es un proyecto de veeduría ciudadana, que la CCC desarrolla en alianza con el periódico La Patria. Se trata de informes semestrales publicados en este diario, los cuales buscan darle mayor difusión a la información contractual que las mismas entidades departamentales y municipales reportan en el SECOP I. En esta medida, tiene como principio el de profundizar el acceso a información que es de interés público, el de publicar a partir de la objetividad que brindan los datos arrojados por el portal oficial y el de generar alertas de riesgos de corrupción con los datos encontrados.
Se trata de una proyecto que, por su metodología y su imparcialidad, ha recibido el reconocimiento de organismos públicos y privados, regionales y nacionales, dentro de los cuales se encuentra el Ministerio del Interior –que tuvo la oportunidad de financiarlo dentro de su Banco de Iniciativas de Participación Ciudadana (BIP)– y por la red internacional de medios WAN-IFRA.
Dentro de los diferentes informes se ha hecho énfasis en cómo las oficinas públicas de la región vienen presentando una alta cantidad de contratos directos y de contratos sin selección objetiva previa, no tanto para cuestionar la legalidad de su celebración, sino para resaltar que una alta apliación de estas modalidades contractuales llevan a un riesgo de corrupción, debido al grado de discrecionalidad del gobernante al asignar contratos y a la imposibilidad de una competencia que garantice mejor calidad y precio para el erario público.
En el año 2017, según el SECOP I, entre las modalidades que no usan ninguna selección objetiva (contratación directa, otros procesos y mínima cuantía), la Gobernación de Caldas registró lo siguiente:
– Frente al valor de lo contratado:
Contratación directa: 76,5%%
Otros procesos: 4,1%
Mínima cuantía: 1,6%
TOTAL: 82,2%
– Frente al número total de contratos:
Contratación directa: 85,5%
Otros procesos: 1,8%
Mínima cuantía: 9,6%
TOTAL: 96,9%
Para el mismo 2017, la Alcaldía de Manizales registró lo siguiente en contratación directa, otros procesos y mínima cuantía:
– Frente al valor de lo contratado:
Contratación directa: 49%
Otros procesos (que en este caso incluyó los contratos por emergencia invernal): 30,4%
Mínima cuantía: 1,2%
TOTAL: 80,6%
– Frente al número de total de contratos
Contratación directa: 49,7%
Otros procesos (que en este caso incluye los contratos por emergencia invernal): 15,1%
Mínima cuantía: 22,5%
TOTAL: 87,3%
Para el año 2018, la Lupa A La Contratación apenas tiene una informe parcial del primer semestre, pues apenas está en construcción el del año completo. Durante ese semestre, la Gobernación y la Alcaldía registraron un comportamiento similar, con alguna mejoría en el despacho de Manizales. Vale decir que en esta información no se encuentran los datos de las entidades descentralizadas.
La información que resulta de la Lupa A La Contratación, en primer lugar tiene una finalidad periodística y de difusión ciudadana, en esta medida es siempre de conocimiento público y abierta a la deliberación con los actores interesados. En algunos casos, estos datos son remitidos a las entidades de control para reportar alertas concretas sobre algunas entidades o sobre comportamientos particulares. También ha servido para profundizar un diálogo con las entidades contratantes para confrontar los datos o para que se transparenten las razones de estos números.
En la visita del Procurador General de la Nación a la ciudad de Manizales, el pasado 13 de febrero, este alto funcionario aportó cifras propias y similares sobre la situación general de la contratación directa tanto en la Gobernación de Caldas como en la Alcaldía de Manizales. Un hecho que, más allá de que pueda coincidir o no con la información aportada por la Lupa A La Contratación, profundiza la alerta sobre los riesgos de corrupción que dejan los altos números de la contratación directa y de la falta de procesos con pluralidad de proponentes. También debe llevar a que las entidades públicas regionales expongan ante la opinión pública las razones de estos contratos y tomen las medidas necesarias para mitigar el uso de estas modalidades sin selección objetiva, encontrando las medidas de planeación y de estudios de mercado que más favorezcan los procesos con competencia entre proponentes.
La CCC reconoce que la Procuraduría General, en su función constitucional de control, tiene toda la capacidad para construir e interpretar su propios datos contractuales. En esta medida, la CCC entrará a contrastar y a revisar cualquier discrepancia que pueda haber entre estos datos oficiales y los de la Lupa A La Contratación.
Finalmente, es importante resaltar que la CCC viene haciendo incidencia en la región para que las entidades públicas territoriales migren su información contractual al SECOP II, un sistema que garantiza mayor transparencia transaccional y mayor confiabilidad en la información contractual que se digita y se revisa.