El pasado martes 27 de febrero, la Corporación Cívica de Caldas (CCC) remitió a la Procuraduría General de la Nación una denuncia ciudadana contra funcionarios de la Dirección Territorial de Salud, Corpocaldas, el Hospital San Félix de La Dorada y el Fondo Nacional del Ahorro, con el fin de que esta entidad de control definiera si al asistir a un evento político en La Dorada habían vulnerado la prohibición de participar en política.
Después de esa primera remisión, la CCC ha recibido otras denuncias ciudadanas de personas que han pedido reserva de su identidad, en las cuales se señala que otros funcionarios y contratistas estarían participando en campañas electorales y en actividades proselitistas, o que recursos públicos se estarían poniendo a disposición de las mismas.
Estas denuncias se dirigen contra el Secretario de Cultura Departamental, que según dice la denuncia ciudadana habría participado en un evento político de la campaña de Hernán Penagos, al Senado, y de Islén Pineda, a la Cámara, por el Partido de La U; también contra un contratista del municipio de Supía, que según la denuncia ciudadana estaría haciendo proselitismo a favor de la campaña de Jorge Enrique Robledo, al Senado, y de Darío Arenas, a la Cámara, por el partido Polo Democrático; finalmente, contra la Alcaldía de Manizales en donde, según la denuncia ciudadana, se estarían ofreciendo espacios o dependencias para que se adelanten reuniones de campaña con funcionarios a favor de Mario Castaño, al Senado, y José Luis Correa, a la Cámara, por el Partido Liberal.
Después de hacer una revisión inicial de la documentación recibida, la CCC considera que esta información requiere ser complementada con otro tipo de pesquisas para dar mayor certeza, para aclarar los hechos y para determinar si existe o no violación de la prohibición. En ese sentido, es indispensable que la Procuraduría General de la Nación conozca la documentación, puesto que es la entidad competente para confirmar si los hechos denunciados son ciertos y para determinar las sanciones que correspondan.
Por tal motivo, la CCC remitió esta documentación a la Procuraduría General de la Nación el pasado viernes 2 de marzo.
Posición de la CCC frente a casos como estos
La CCC rechaza cualquier comportamiento de los funcionarios o contratistas que pueda violar la prohibición de participar en política. Conductas así ponen en entredicho el cumplimiento legal de sus funciones y la imparcialidad que deben mantener frente a cualquier actividad proselitista. Además ponen en riesgo los recursos públicos, que se han puesto a su cargo, puesto que podrían usarse para intereses electorales. En este sentido, se le ha solicitado a la Procuraduría para que inicie investigaciones en todos los casos recibidos, con el fin de que esclarezca la veracidad de los hechos y determine si existe lugar a sanciones.
En el criterio de la CCC, esta prohibición de participar en política debe ser observada por los funcionarios y contratistas de la manera más amplia posible, sin dejar lugar a interpretaciones o situaciones confusas que pongan en duda la imparcialidad que debe mantenerse dentro de la moralidad pública de todo servidor. En este sentido, deben evitar cometer todo tipo de conducta proselitista y romper cualquier relación con las campañas. No participar en actividades o manifestaciones con los candidatos, no inducir a otros funcionarios para votar en determinada postura, no distribuir material publicitario, no promover candidatos por sus redes sociales, no poner los bienes o recursos públicos que administra al servicio de las campañas, entre otros. Esto incluso cuando lo desarrollan en horarios extralaborales.
La CCC quiere recordar que, según la Constitución Política, la participación en política de los funcionarios públicos se encuentra supeditada en una ley estatutaria que hasta la fecha no ha sido promulgada. En este sentido, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, así como la postura de la Procuraduría General, ha sido la de prohibir cualquier tipo de participación proselitista de los funcionarios públicos, incluso de los contratistas. Así quedó ratificado en la Directiva 001 del 28 de febrero de 2017. Esto explica la razón por la que la prohibición debe ser amplia y general, puesto que, más allá de su derecho al sufragio, es recomendable que los funcionarios no realicen ninguna actividad electoral o proselitista sin que medie una ley que se los permita en los términos precisos.
Por supuesto, la CCC respeta las decisiones que la Procuraduría General de la Nación establezca al respecto.