La Corporación Cívica de Caldas (CCC) consultó mediante derecho de petición a Aguas de Manizales S.A. E.S.P. sobre el avance, financiación, costos e impacto tarifario de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Cámbulos, proyecto pendiente para avanzar en el saneamiento del río Chinchiná.
Una PTAR es una infraestructura donde se tratan las aguas residuales antes de devolverlas al ambiente, con el fin de reducir su impacto contaminante. En Manizales, la PTAR Los Cámbulos hace parte de las obras necesarias para cumplir las obligaciones judiciales de saneamiento y descontaminación de la cuenca del río Chinchiná, derivadas de una sentencia frente a una acción popular presentada en 2006. Sin embargo, la planta por sí sola no es suficiente: también se necesita infraestructura para recoger y transportar las aguas residuales hasta ella, como colectores e interceptores, algunos de los cuales ya han sido construidos.
El proyecto fue diseñado inicialmente bajo un esquema de obra pública, con recursos nacionales y territoriales, pero no llegó a ejecutarse por presuntos incumplimientos del entonces contratista, Fypasa. Aguas de Manizales entregó un anticipo al contratista, pero la ejecución no correspondido a lo presentado en el plan de utilización del anticipo.
La aseguradora reconoció esa realidad y pagó gran parte del valor reclamado. El monto restante, junto con otras reclamaciones relacionadas con el contrato, continúa en un proceso arbitral contra Fypasa, en el que también está vinculada la aseguradora. Por su parte, una parte de los recursos de la Nación destinados a financiar el proyecto debió ser devuelta al no ejecutarse la obra, mientras que otra permanece pendiente de devolución por estar vinculada al proceso arbitral. Actualmente, no existen nuevos recursos nacionales comprometidos para la construcción de la planta.
Ante la ausencia de nuevos recursos nacionales comprometidos y la necesidad de avanzar en el cumplimiento de estas obligaciones, Aguas de Manizales optó por estructurar la PTAR Los Cámbulos mediante una Alianza Público-Privada (APP), bajo la Ley 1508 de 2012, con una duración prevista de 25 años. El esquema implica comprometer recursos futuros de la empresa y podría trasladar parte de los costos a los usuarios mediante las tarifas de alcantarillado.
Uno de los principales puntos de atención para la CCC es el impacto que la PTAR podría tener en las tarifas. Según la modelación de Aguas de Manizales, para un usuario de estrato 4 tomado como referencia, la tarifa estimada parte de $75.590 mensuales en 2028 y llegaría a $119.597 en 2053, lo que representa un incremento acumulado de 58,2 % en términos reales, sin contar la inflación de esos años. Los mayores aumentos se presentarían en 2029 y 2030, con incrementos reales de 7,13 % y 8,52 %, respectivamente. Según la modelación, este efecto se extendería a los usuarios residenciales y del sector productivo.
Esta es una proyección, no una tarifa definitiva. El valor final dependerá, entre otros factores, de las propuestas económicas que presenten las empresas interesadas en ejecutar el proyecto. Para la CCC, es importante evaluar este impacto porque la PTAR no atenderá directamente a todos los usuarios de alcantarillado de Manizales, pero su costo sí sería asumido por todos a través de la tarifa. Si bien el proyecto busca contribuir al saneamiento del río Chinchiná y genera un beneficio ambiental para la ciudad, resulta un impacto económico representativo para los hogares y el sector productivo.
Asimismo, la CCC considera fundamental que los riesgos del contrato sean distribuidos adecuadamente, con criterios técnicos y económicos, de manera que cada parte asuma aquellos que esté en mejores condiciones de prevenir, mitigar y administrar. Esto es especialmente importante para evitar que eventuales riesgos del proyecto terminen trasladándose a Aguas de Manizales y, en última instancia, a los usuarios mediante mayores tarifas.
¿Por qué se piensa hacer como APP?
Ante la falta de nuevos recursos nacionales comprometidos y la necesidad de avanzar en el saneamiento del río Chinchiná, Aguas de Manizales decidió estructurar el proyecto como una Alianza Público-Privada (APP) bajo la Ley 1508 de 2012, con una duración prevista de 25 años.
La empresa comparó durante 2025 la alternativa de financiación pública con diferentes esquemas de concesión y APP y concluyó que este modelo ofrecía mayores condiciones de estabilidad financiera y contractual, así como una distribución de riesgos que consideró más conveniente.
El esquema contempla que el concesionario asuma inicialmente la inversión y que Aguas de Manizales realice los pagos durante la vigencia del contrato. De esta manera, se distribuye el costo de la infraestructura a lo largo del tiempo y se integran en un mismo contrato la inversión, construcción, operación, mantenimiento y posterior reversión de la planta. Según la empresa, además, buena parte de los riesgos financieros, de diseño, construcción y operación quedarían en cabeza del inversionista privado.
El presupuesto máximo acumulado del contrato es de $943.306 millones durante los 25 años, de los cuales hasta $660.008 millones corresponden a inversión y financiación y $283.298 millones a operación y mantenimiento. Este valor constituye el límite máximo previsto para la estructura contractual y no significa que ya haya sido contratado o desembolsado.
Actualmente, no existen nuevos aportes de la Nación comprometidos para el proyecto, aunque Aguas de Manizales afirma haber realizado gestiones ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. La empresa señaló que la eventual incorporación de recursos públicos en el futuro permitiría ajustar la estructura financiera del contrato y contempla mecanismos para mitigar su efecto tarifario.
Como aportes territoriales confirmados, el Municipio de Manizales dispuso el predio donde se construiría la planta y Corpocaldas ha contribuido financieramente entre 2024 y 2027 a obras de saneamiento de la cuenca del río Chinchiná.
¿Cómo se pagará la PTAR?
Los usuarios no recibirán una factura independiente por la PTAR Los Cámbulos. El costo del proyecto se incorporaría al servicio ordinario de alcantarillado mediante los componentes tarifarios correspondientes al Costo Medio de Inversión (CMI) y al Costo Medio de Operación (CMO).
De acuerdo con el cronograma presupuestal informado por Aguas de Manizales, los primeros aportes de la empresa al patrimonio autónomo están previstos para 2029, bajo el supuesto de que la obra sea entregada en 2028. Esto no significa que el incremento tarifario se aplique necesariamente desde ese año, pues su incorporación dependerá del desarrollo definitivo del contrato, la terminación de la obra y la entrada en operación de la planta.
¿Cuánto podría aumentar la factura?
Aguas de Manizales realizó una proyección para estimar el posible impacto de la PTAR en las tarifas. La empresa aclara que no se trata de una tarifa definitiva, pues el valor final dependerá, entre otros factores, de la oferta del concesionario, el volumen de agua tratado y las condiciones de operación de la planta.
Para la simulación se tomó como referencia el estrato 4, que no recibe subsidios ni paga contribuciones. Los valores están expresados en pesos de 2025, por lo que el incremento real corresponde al aumento por encima de la inflación.
| Año | Tarifa estimada* | Incremento real |
|---|---|---|
| 2028 | $75.590 | Base |
| 2029 | $80.980 | 7,13 % |
| 2030 | $87.884 | 8,52 % |
| 2031 | $89.663 | 2,02 % |
| 2032 | $91.348 | 1,88 % |
| 2035 | $97.557 | 2,42 % |
| 2040 | $110.479 | 1,75 % |
| 2045 | $113.169 | 0,49 % |
| 2050 | $118.099 | 0,96 % |
| 2053 | $119.597 | 0,24 % |
*Pesos de 2025 por suscriptor al mes.
Para un usuario industrial con un consumo mensual simulado de 400 m³, Aguas de Manizales proyecta:
- 2029: la factura pasaría de $3.170.732 a $3.392.437, un aumento de 6,99 %.
- 2030: pasaría de $3.234.153 a $3.758.060, un aumento de 16,20 %.
Estos valores también corresponden a una proyección y no a una tarifa definitiva.
Las vigencias futuras comprometen ingresos de la empresa
Para respaldar los pagos del proyecto, Aguas de Manizales obtuvo autorización para comprometer vigencias futuras, es decir, ingresos propios de años posteriores, principalmente provenientes del recaudo de tarifas. Estas autorizaciones no representan nuevos recursos de la Nación ni aportes de terceros, sino la posibilidad de utilizar parte de los ingresos futuros de la empresa para cumplir las obligaciones que se deriven del contrato.
El aval fiscal de la Junta Directiva fue otorgado mediante el Acta 463 del 13 de mayo de 2026, y el COMFIS autorizó las vigencias futuras mediante la Resolución 021 del 29 de mayo de 2026.
El proyecto aún no ha sido adjudicado
Aunque ya se definió la APP como el modelo para ejecutar el proyecto, la PTAR todavía no ha sido adjudicada ni construida.
Durante 2025 se adelantaron los estudios jurídicos, financieros y técnicos y se estructuró la fase de prefactibilidad. Actualmente, el proyecto avanza en la consolidación de la factibilidad, paso previo a la apertura de la licitación.
Por ello, aún deben definirse las condiciones definitivas del contrato y la oferta económica del futuro concesionario. Aguas de Manizales tampoco ha establecido una fecha definitiva para la entrada en operación de la planta.
Mientras avanza este proceso, la empresa continúa ejecutando obras complementarias, como colectores e interceptores para conducir las aguas residuales hasta el sitio previsto para la PTAR, y presentando ante la ANLA los informes de cumplimiento ambiental correspondientes.
Transparencia y control del proyecto
Aguas de Manizales informó que el modelo financiero detallado del proyecto está bajo reserva durante la licitación, con el propósito de proteger la competencia entre los posibles oferentes. Esta reserva no aplica a los organismos de control, que pueden acceder a la información para ejercer sus funciones.
Una vez adjudicado el contrato, las tarifas estarán sujetas a la regulación de la CRA y a la vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Además, Aguas de Manizales deberá informar a los usuarios cualquier modificación tarifaria antes de que se refleje en la factura.
Para la CCC, es fundamental que, aunque la ley permita mantener en reserva el modelo financiero durante la licitación, la ciudadanía pueda conocer de manera clara y oportuna cuánto costará el proyecto, cuáles serán las condiciones del contrato y cuánto podría impactar las tarifas. Esto es especialmente importante porque el costo de la PTAR sería asumido por todos los usuarios del alcantarillado, por lo que existe un interés público en que la información sobre el proyecto sea transparente y permita un seguimiento efectivo por parte de la ciudadanía y los organismos de control.