La Corporación Cívica de Caldas reitera el llamado que ha venido haciendo en el último año y medio sobre la importancia y la urgencia del nombramiento de un contralor de Caldas en propiedad. El departamento lleva 536 días (desde el 1 de enero de 2022) con un contralor encargado, por lo que la CCC instaló en su página web un contador en tiempo real que llevará la cuenta del tiempo que se demore dicha elección.
A septiembre de 2022, el proceso de elección acumuló 41 acciones judiciales, entre tutelas, acciones populares y otras. En lo que va corrido de 2023 van 6, según información suministrada por la Asamblea de Caldas. Actualmente el proceso se encuentra suspendido por una medida cautelar decretada por el Tribunal administrativo de Caldas.
El 6 de septiembre de 2021, la Asamblea Departamental de Caldas emitió dos resoluciones. La primera convocaba a la selección de una institución de educación superior encargada de aplicar pruebas de conocimiento a los aspirantes al cargo de contralor departamental, mientras que la segunda convocaba a los propios candidatos.
Frente a estas resoluciones, un ciudadano presentó una acción de nulidad simple contra el proceso de convocatoria, argumentando que ambas se realizaron el mismo día, lo cual se infringen los artículos 5 y 6 de la Ley 1904 de 2018. Estos artículos establecen que la selección de la institución encargada de realizar las pruebas debe llevarse a cabo antes de la convocatoria de aspirantes.
En respuesta a esta situación, el Tribunal Administrativo de Caldas tomó una medida provisional el 27 de mayo de 2022, mediante la cual se suspendieron los efectos jurídicos de la Resolución nº 0299 del 6 de septiembre de 2021 y otras resoluciones relacionadas, dejando así sin efecto todo el proceso de selección.
Tener en un cargo de control tan importante a una persona encargada que no ha pasado por un proceso de selección de méritos no asegura las garantías de capacidad y transparencia que debe tener la Contraloría General de Caldas para cumplir con su labor de control de los recursos públicos, la lucha anticorrupción, investigación, imposición de planes de mejoramiento, y sanciones a partir de quejas presentadas por acciones ciudadanas. Esa interinidad es mucho más preocupante cuando en estos 536 días se han conocido casos de corrupción tan graves como el protagonizado por el exsenador Mario Castaño.
Sobre ese caso, conocido como Las Marionetas, la CCC le pidió en 2022 a la Contraloría General de Caldas publicar los posibles hallazgos de irregularidades en los municipios bajo el control de la entidad sobre los que la Fiscalía indicó irregularidades, pero no se obtuvo respuesta.
Además hay otros asuntos que necesitan control oportuno, claro e independiente, como el del programa Mil Viviendas de la Gobernación de Caldas, sobre el que la CCC pidió el pasado 25 de mayo a la Contraloría General de la República ejercer control preventivo y concomitante debido a los retrasos y al bajo porcentaje de ejecución de la obra.
Para la CCC la interinidad que se puede dar en este ente de control no presta las garantías suficientes para considerar que exista una plena legitimidad e independencia en sus funciones, toda vez que su cabeza responsable se encontraría vinculado por un mecanismo transitorio al previsto en la Constitución y las leyes. Esto deja en entredicho la capacidad y autonomía con la que hoy se está adelantando el control a los recursos públicos, además de las debilidades en la priorización que la institucionalidad política le presta a esta función trascendental en los asuntos fiscales del departamento.
La CCC ya había advertido también que las redes sociales y sitio web de la entidad carecen de información contundente y actualizada sobre el proceso de control fiscal, lo que imposibilita el acceso a esta y la participación ciudadana. Esto sigue así, por lo que reiteramos la alerta al respecto.
La Corporación Cívica de Caldas expresa su preocupación por los errores en el proceso de convocatoria que derivaron en una inseguridad jurídica y advierte de una posible estrategia dilatoria, e insta a que la elección se realice de manera transparente y cumpliendo los plazos que se requieren para la seguridad jurídica del control fiscal del departamento.