El pasado viernes 12 de mayo, se conoció la sentencia del Juzgado Segundo Penal de Manizales, por medio de la cual se cerró el proceso contra Jorge Hernán Velásquez Yepes, Darío Serna Uchima, Álvaro Montoya Salazar y Henry Fonseca Cruz, quienes fueron integrantes del Comité de Gerencia de la Industria Licorera de Caldas en el año 2008. Esto dentro de la investigación por la contratación irregular de la Distribuidora Sultana del Valle, el 8 de abril de 2008, hechos por los que hoy se encuentra condenado el exgerente de la Licorera Carlos Arturo Fehó Moncada.
Ahora bien, junto a la decisión de precluir el proceso, el juzgado solicitó investigar al exgobernador de Caldas Mario Aristizábal, a Pedro Javier Misas (Secretario de Hacienda para la época), José Duván Vásquez, Germán Vélez y Fernando Jiménez (exsecretarios del Consejo Directivo).
Al respecto, la Corporación Cívica de Caldas (CCC) quiere llamar la atención sobre los siguientes asuntos:
- La decisión de cerrar este proceso contra Jorge Hernán Velásquez Yepes, Darío Serna Uchima, Álvaro Montoya Salazar y Henry Fonseca Cruz, de ninguna manera puede llevar a desconocer que sí existió una irregularidad contractual en el 2008 por este contrato de distribución con la Distribuidora Sultana del Valle. Se trata de un acto de corrupción que atentó contra el patrimonio de los caldense, por lo que el exgerente Fehó Moncada fue condenado y dentro de lo cual es necesario identificar la totalidad de los responsables para proceder a su respectiva investigación y sanción.
- Es correcta la decisión del juzgado de solicitar la investigación de otros presuntos responsables, como el exgobernador Mario Aristizábal y el exsecretario de Hacienda Pedro Javier Misas. La corrupción debe entenderse como un fenómeno complejo que en muchos de sus casos opera en red, de manera colectiva, y en ocasiones valiéndose de la jerarquía y de las funciones de mando dentro de la función púbica. Por lo tanto, la justicia debe disponer de todos los esfuerzos para investigar y sancionar a la totalidad de responsables, detectando, cuando es del caso, la sistematicidad y la coordinación usada. Tanto la Convención Interamericana contra la Corrupción como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, obligan al Estado colombiano a que disponga de todas las funciones y herramientas para proveer una justicia integral de este tipo, tanto en la investigación y sanción de la corrupción.
- Según lo anterior, la CCC le pide a la administración de justicia, especialmente a la Fiscalía General de la Nación, que la solicitud de investigar al exgobernador Aristizábal y a Pedro Javier Misas, José Duván Vásquez, Germán Vélez y Fernando Jiménez, se lleve a cabo con los más altos estándares de eficacia, celeridad y con las mejores herramientas de indagación, siempre respetando el debido proceso y la presunción de inocencia de los mencionados, pero siempre en la búsqueda de la verdad judicial y de la justicia integral que esclarezca de manera completa lo sucedido.
- Para la CCC es indispensable que se indague también sobre la participación de los privados en este hecho de corrupción que se investiga. Según la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado colombiano tiene la obligación de identificar, investigar y sancionar a las personas vinculadas al sector privado que participan dentro de un acto de corrupción, bien por ofrecer u otorgar algún favor o promesa a un funcionario público, o bien por instigar o ser cómplice del acto delictivo. Según las normas colombianas, la administración de justicia de Caldas cuenta con todas las potestades y herramientas para cumplir con esta obligación de justicia integral. Es de resaltar que hoy la Distribuidora Sultana del Valle continúa como contratista con tareas de distribución en la Licorera.
- La CCC quiere resaltar que una justicia integral en los hechos de corrupción, no solo asegura el fin de la impunidad en estos casos, sino que envía un mensaje de no permisividad con los atentados contra el patrimonio público. Esto genera un clima favorable de prevención contra la contra la corrupción. Igualmente, la investigación y sanción de todos los responsables permite la reconstrucción fidedigna de los hechos, lo cual respeta el derecho a la verdad que tienen todos los ciudadanos y beneficia la comprensión de las conductas de los corruptos para promover estrategias de prevención y lucha contra la corrupción.